Asistimos una vez más y no hay día que no cabalgue sobre este caballo al desbordamiento de la inquina sobre la Iglesia católica, a raíz en esta ocasión del Directorio sobre familia que ha hecho público la Conferencia Episcopal española. Unas declaraciones sacadas de contexto han servido para que los políticos, medios de comunicación y asociaciones más o menos anticlericales, se rasguen las vestiduras y bombardeen con improperios a la jerarquía de la Iglesia. Como es usual, tales situaciones son aprovechadas para traer a colación todos los «pecados» eclesiales, aunque haya que remontarse al Concilio de Trento para ello.

No voy a entrar aquí, más que superficialmente, en el asunto que esta vez ha desatado la polémica, la alusión por parte de los obispos a que la revolución sexual no ha ayudado en nada a erradicar la violencia doméstica. Encontrar defectos o consecuencias funestas en algo que es «revolucionario» y que además es «sexual» no cabe en las mentes progresistas, debe de ser lo más parecido a un sacrilegio ideológico. Es más fácil apelar a rancias herencias, como la del machismo, y asociarlo de paso a la Iglesia, para convertirla en chivo expiatorio de todos los males.

Lo que no nos explica nadie es cómo en una sociedad que supuestamente cada día es más avanzada y liberal, y que por añadidura cada vez hace menos caso de lo que dice la Iglesia, se puede constatar que los casos de violencia doméstica no dejen de crecer en lugar de extinguirse. Pero me temo que hay demasiados prejuicios ideológicos en juego como para hacer serios intentos por desentrañar las raíces del mal, de modo que esto no se solucionará a corto plazo.

Entrando en el tema que más me interesa ahora, el de la animadversión pública y vociferada que suscita la Iglesia cada vez que se pronuncia sobre una cuestión social, me gustaría apuntar algunas cosas.

En primer lugar, como ya señalaba antes, es regla poco discutida que los desprecios públicos y mediáticos que concitan los pronunciamientos eclesiales van dirigidos a su doctrina y a sus portavoces, la jerarquía eclesial. Aunque con frecuencia los propios cristianos tienden a olvidarlo, son Iglesia todos sus miembros bautizados, desde el Papa hasta el último niño recién acristianado.

Sin embargo, pocas veces los ataques anticlericales se dirigen contra la muchedumbre de los fieles de la Iglesia, que a menudo parecen no existir para quienes la fustigan, como si las ideas propugnadas por los eclesiásticos quisieran imponerse manu militari a una grey descreída y sometida por yugos ancestrales.

Si acaso los fustigadores reconocen la existencia de miembros de la Iglesia lo hacen tan sólo en la figura de aquellos que la soliviantan «desde dentro», a los que pomposamente revisten de títulos de teólogos o católicos que a menudo escatiman a los propios obispos.

Ataque directo

Obviamente, la mayoritaria población católica española es un electorado o un público al que no conviene atacar directamente. Si acaso, se puede tratar de romper los lazos que mantienen unido al rebaño acabando con los pastores, con esos dirigentes religiosos que todavía se atreven a discutir las demagogias y las soflamas políticamente correctas que aplanan el alma social.

Pero hay algo más, que afecta a nuestra constitución como sociedad democrática y de derecho. La libertad religiosa, derecho humano y fundamental, no hay que olvidarlo, es todavía una barrera que el Estado, los partidos o los medios de comunicación no se atreven a derribar, por muy ansiosos que estén todos de conquistar el último y todavía libre, a pesar de todo, reducto de la conciencia. Existe, sin embargo, una forma de socavar este derecho sin que parezca sufrir daños visibles, que es reducirlo a su versión mínima: el derecho puramente individual. La sociedad contemporánea, la que ha llevado la democracia al nivel de entronizadora de los derechos humanos, reconoce en sus ordenamientos jurídicos que el derecho fundamental de libertad religiosa no es cosa únicamente de las personas individuales, sino que pertenece también a los grupos en que estas personas se integran, es decir, las confesiones religiosas.

Esto significa que dicho derecho fundamental lo es tanto de los individuos como de las comunidades religiosas, que ambos pueden ejercerlo y para ambos ha de ser garantizado y tutelado su ejercicio. Sin ir más lejos, nuestra Constitución artículo 16 y la Ley Orgánica de libertad religiosa así lo reconocen.

A pesar de ser esto claro, si volvemos los ojos a la cotidianidad que nos rodea nos encontramos con que los líderes religiosos y las instituciones que dirigen sufren campañas de acoso casi diarias por tratar de ejercer precisamente el contenido de su derecho fundamental.

¿Cómo es posible que esto suceda sin que nadie se duela por el quebranto de la Constitución? Porque se interpreta, muy interesadamente, que la libertad religiosa es asunto que atañe sólo a la conciencia individual de cada uno, y que además las confesiones religiosas, empezando por la Iglesia católica, no solamente no tienen ningún derecho, sino que constituyen un lastre para la sociedad democrática.

Tenemos una democracia que intenta abrirse paso hacia su mayoría de edad sobre unos razonables presupuestos constitucionales. Pero es preciso advertir acerca de los golpes que está sufriendo de forma soterrada en el ámbito de las libertades que proclama.

No sólo los ataques que últimamente acaparan los titulares de la prensa pueden hacer que se resienta su validez, sino también estos otros que no son identificados con claridad porque las heridas se cubren bajo campañas disfrazadas de lenguaje políticamente correcto.